La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una herramienta para imponer sanciones a los actores del conflicto.
La JEP es el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado entre el Gobierno y las FARC, en otras palabras es el instrumento con el que nuestro país implementará la justicia transicional, mediante el cual se investigará y juzgará a los integrantes de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado colombiano. Es importante aclarar que la justicia transicional es una forma de “abordar la justicia en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del estado”, otorgándole el derecho irrefutable a las víctimas de:
- Ver el castigo de los autores del conflicto.
- Conocer la verdad de los hechos transcurridos durante el conflicto.
- Recibir reparaciones.
El pasado 16 de junio, la ONG HRW (Human Rights Watch) presentó un informe a la Corte Constitucional en el cual se expresan diferentes argumentos y preocupaciones tras la firma de este acuerdo, el director para las Américas de HRW José Miguel Vivanco, pronunció que: "aplaude el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC", pero de la misma forma tiene "graves preocupaciones por los defectos en materia de justicia incluidos en el acuerdo"; dichas preocupaciones, se deben a la posibilidad de que pueda existir un limitante que impida que los comandantes rindan cuentas por delitos graves cometidos por sus subalternos, y que además puedan ser postulados sin haber culminado el tiempo de sus condenas.
Si bien todos llegamos a la misma conclusión, uno de los puntos relevantes del proceso de paz es permitir la participación política y democrática de las FARC; sin embargo, esta participación podría limitar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP, pronunció la ONG.
Ante tal preocupación, la ONG HRW, pidió a la Corte Constitucional determinar que la participación política de los autores del conflicto, autores de delitos de lesa humanidad y aquellos que hayan cometido violaciones en contra de los derechos humanos, deberán encontrarse bajo el “cumplimiento pleno e incondicional” de las sanciones que dicta la JEP.