Que los delitos de violencia sexual, la sustracción de menores de edad, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños y niñas no sean amnistibles, fueron algunos de los acuerdos con las Farc.
De acuerdo a un comunicado de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el tema de género es una cuestión de igualdad para que hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales y personas de cualquier identidad diversa se beneficien y que no se dé la sobrevaloración de una población específica.
Por lo tanto, en La Habana se instaló una subcomisión de género integrada por hombres y mujeres de las Farc y del Gobierno que llegaron a ciertos acuerdos. El primer punto, titulado ‘Hacía un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral’, se incluyeron medidas para observar las necesidades específicas de las mujeres a raíz de que no están en las mismas condiciones que los hombres en la economía campesina.
Esto quiere decir que, se debe hacer una formalización de la propiedad en igualdad de condiciones, la representación equilibrada de hombres y mujeres ante instancias de alto nivel para la formulación de lineamiento generales de uso de la tierra, el acceso a proyectos de economía solidaria y la perspectiva de género para el plan nacional y la comercialización de la economía campesina, familiar y comunitaria.
Adicional a esto, se incluyeron temas de asesoría legal, formación y educación de las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y a becas con créditos condonables, así como el incremento de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales.
‘Participación política: hacía una apertura democrática para construir la paz’, fue el segundo punto del acuerdo, que busca facilitarle a las mujeres su derecho a participar en instancias que aborden el tema de garantías para la oposición, el acceso a autoridades de todo nivel y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos tantos de mujeres como de jóvenes y población LGBTI.
Además, se estipuló la protección especializada a mujeres elegidas popularmente por medio de la evaluación de riesgos, pero también de las personas de su entorno y la realización de una campaña de cedulación masiva en las zonas más afectadas por el conflicto.
Como tercer punto, estuvo el tema de la ‘Solución al problema de las drogas ilícitas’, en el cual se integrarán mujeres como “sujetos activos de los procesos de concertación en la sustitución voluntaria” al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), que tendrá un enfoque diferencial y de género, respondiendo a las necesidades puntuales de los consumidores relacionando el consumo de drogas con la violencia de género, intrafamiliar y sexual. Pero también, a las mujeres se les garantizará el sustento.
Para terminar, en el punto cinco de Víctimas, se pactó la creación de un grupo de trabajo de género dentro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, para que se evidencien las formas en que el conflicto afectó a las mujeres. De igual manera, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá un equipo de investigación para casos de violencia sexual, y los delitos de violencia sexual, la sustracción de menores de edad, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños y niñas no serán amnistibles.